El proceso de reinvención del Túnez posrevolucionario ha dado en los últimos días uno de los pasos exigidos por la hoja de ruta: se ha presentado una primera aproximación a la nueva Constitución, que deberá estar lista para el próximo octubre. El borrador del preámbulo de la Carta Magna ha salido a la luz tras meses de deliberación y debate, y ha aliviado a quienes temían que fuera a pesar demasiado el componente religioso o que se diera cabida a la restricción de libertades.
Con la presentación de este borrador se despejan algunas de las dudas acerca de qué orientación tomaría una Asamblea Constituyente en la que 90 de los 217 escaños los ocupa el partido islamista Ennahda. A caballo entre las ideas conservadoras y liberales (como lo está la actual gestión del país por parte de una troika en la que a los islamistas los acompañan liberales y socialdemócratas), se trata de un texto negociado y de compromiso, en el que no se hace mención a la sharía, como pedían algunos sectores, pero tampoco a la secularización exigida por otros.
El documento, que fue aprobado por consenso en la cámara, comienza recordando las luchas históricas del pueblo tunecino por la libertad y se cierra con la afirmación de que ha sido redactado «en el nombre del pueblo y con la bendición de Dios». Define la identidad nacional de Túnez como árabomusulmana, afirma que su régimen ha de ser una «república democrática participativa» basada en las instituciones civiles, y apuesta por buscar mecanismos para garantizar la separación de poderes, la supremacía de la ley y el respeto a los derechos y las libertades individuales. También apunta la voluntad de reforzar la unidad del Magreb y de la región árabe, así como el apoyo «al derecho de los pueblos a decidir su destino», en una clara alusión al conflicto palestino-israelí.
Las negociaciones sobre los principios fundamentales que seguirán a este preámbulo comenzaron de manera inmediata a la presentación del borrador, y lo hicieron con un inesperado interlocutor para la discusión: la organización terrorista al-Qaeda, que ha lanzado en Internet un mensaje para el partido Ennahda. En una grabación de 12 minutos, que se ha distribuido a través de webs afines a la organización, una voz que se atribuye al líder Ayman al-Zawahiri acusa al partido de «violar» el Corán al aceptar una Constitución que no está basada únicamente en la ley islámica y llama a los tunecinos a levantarse contra el Gobierno de coalición.
Algunos, en efecto, lo han hecho, aunque no necesariamente movidos por este mensaje. El ataque de un grupo de salafistas a una exposición de arte contemporáneo que, consideraron un insulto al islam, desató una ola de disturbios que se extendió del barrio de La Marsa, donde tenía lugar la muestra, a otras zonas de la capital y a varias ciudades. Distintos grupos integristas atacaron instituciones gubernamentales, comisarías y bares, en una noche muy agitada que dejó al menos un muerto, un centenar de heridos y 162 detenidos. Como respuesta, el Gobierno decretó el toque de queda en ocho gobernaciones. Una medida que volvió a imponer al día siguiente, en previsión de nuevos altercados.
En todo caso, los salafistas no son los únicos tunecinos que están descontentos, aunque sean quizá los que más ruido hacen. El alto desempleo y las desigualdades sociales y regionales siguen sacando a las calles a muchas personas en diversas localidades, como Kef, en el noroeste, donde la pasada semana el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía acabó con quince personas heridas. Asimismo, las huelgas en sectores como la sanidad y la justicia continúan recordando que los problemas a los que se enfrenta el país son múltiples y variados.
Por su parte, varios blogueros llevaron a cabo durante algo más de una semana una huelga de hambre, iniciada por el periodista Ramzi Bettaieb, como protesta porque la policía confiscara sus cámaras mientras cubría el juicio militar por la muerte de unos 300 mártires durante las revueltas contra el régimen de Ben Ali.
Tampoco han dejado de protestar los llamados «heridos de la revolución», personas que sufrieron daños durante las protestas del año pasado y que exigen ahora una mejor atención médica y compensaciones económicas.En torno a 1500 personas se encuentran en esta situación, y muchas de ellas sufren secuelas que les obligan a depender de la caridad, por la escasez de prestaciones estatales. Uno de ellos, Hassan Saidi, se suicidó la semana pasada después de ser arrestado por la policía en una concentración.
Donde sí se trata, aunque de manera indirecta, el tema de las víctimas de la revolución es en los tribunales. Hace dos semanas, el fiscal del tribunal militar de la ciudad de Kef pidió para el antiguo presidente, Zine el Abidine Ben Ali, la pena de muerte por «complicidad en homicidios voluntarios» durante la represión de las revueltas en Thala y Kasserine, dos localidades clave de la lucha del pasado año, donde murieron una veintena de personas a manos de las fuerzas del orden. No todo el mundo está de acuerdo, sin embargo, en aplicar la pena capital al exdictador, a quien se procesa en ausencia: algunos abogados, y no solo los de la defensa, alegaron que «Ben Ali no es el actor principal de estos homicidios, sino que está acusado de complicidad, y sin embargo se le pide una pena más importante que para aquellos acusados de cometerlos». Este debate sobre si es más responsable quien da las órdenes o quien las cumple se aviva a menudo, ya que Ben Ali se enfrenta a decenas de procesos en todo el país, ante tribunales civiles o militares, acusado entre otros cargos de desvío de fondos, tráfico de drogas y malversación de bienes públicos. Solo por aquellos que se han resuelto por el momento acumula ya 66 años de cárcel; una condena que el antiguo dictador mira desde la distancia de su refugio en Arabia Saudí, país que por el momento hace caso omiso a la orden internacional de arresto y a las múltiples demandas de extradición a las que se enfrenta.
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