Tras la marcha de las tropas estadounidenses del Estado iraquí el 18 de diciembre de 2011, la violencia parece estar asentándose con fuerza en el territorio supuestamente “desocupado”. En los últimos dos meses los atentados terroristas han incrementado y la violencia se ha recrudecido, disparando la cifra de muertos y heridos, en una amalgama de enfrentamientos entre sunníes, chíies y fuerzas de seguridad. Ya a finales de enero de 2012 se hablaba de cerca de 440 personas muertas en ataques perpetrados por milicianos. Los atentados se concentran en áreas pobladas mayoritariamente por chiíes, siendo un claro reflejo del débil apoyo que el Presidente Nuri al-Maliki tiene de su población, debido básicamente a ser chíi, (rama del Islam minoritaria en el país) y a que su designación en el cargo en las elecciones de 2010 estuvo claramente vinculada a los intereses estadounidenses, cargo que mantiene a pesar de las constantes denuncias de corrupción de las que es protagonista.
El Ministerio del Interior reveló que la media de muertos diarios en 2012 ha aumentado a 10, muy alejada de los datos de 2011 y cercana a la intensa violencia que vivió Iraq entre 2006 y 2007. A pesar de estas cifras, el ministro del Interior, Adan al-Asadi, declaró al New York Times que “todo está mejor desde que los estadounidenses se fueron porque ralentizaban nuestras operaciones” .
La inestabilidad política se ha recrudecido con la orden de detención del vicepresidente suní Tariq al-Hashemi, acusado de delitos de terrorismo. Ante estas acusaciones, Al-Hashemi, actualmente refugiado en el Kurdistán iraquí, se ha declarado inocente.
La frágil coalición gubernamental también ha visto como el grupo suní Iraqiya se ha ausentado durante varias sesiones parlamentarias a modo de protesta por la línea que está adoptando el gabinete.
Además, la guerra civil hacia la que parece estar desembocando el conflicto interno sirio está afectando al panorama iraquí, donde existen posiciones muy encontradas con respecto al Gobierno de Bashar Al-Assad. El Ejecutivo iraquí no ha corroborado las declaraciones de la Liga Árabe animando a ayudar a los rebeldes sirios en su lucha contra el Gobierno de Bashar al-Assad, ni se ha mostrado a favor de las resoluciones que la ONU ha intentado aprobar con la oposición de Rusia y China. Por otro lado, Bagdad ha asegurado que ha reforzado las fronteras, tras ser acusado de permitir el paso de armas y de milicianos a territorio sirio.
El reflejo en Iraq de la situación internacional
Estados Unidos que, a pesar de haberse retirado cumpliendo la promesa electoral del Presidente Barak Obama, continúa manteniendo cerca de 16.000 personas en su sede diplomática situada en la acorazada Zona Verde de Bagdad. Asimismo, hay filtraciones que hablan de un intento de mantener un importante grupo de espías y agentes de inteligencia tanto en Iraq como en Afganistán.
La desconfianza hacia el invasor estadounidense continúa anclada en la opinión popular iraquí, dolida además por los delitos impunes de Abu Ghraib y Haditha. Respecto a la matanza de 24 civiles el 19 de noviembre 2005, los ocho acusados han salido absueltos por a la justicia militar de Estados Unidos , al evitar la cárcel tras llegar a acuerdos con la Fiscalía militar. Esta decisión ha provocado fuertes críticas de familiares de las víctimas de la matanza y el Gobierno iraquí ha prometido llevar a cabo las acciones judiciales necesarias. "Buscaremos fórmulas legales para defender los derechos de los ciudadanos inocentes que fueron asesinados en el ataque", explicó Alí al Mussawi, asesor de prensa del Primer Ministro iraquí Nuri al-Maliki.
Por otro lado, cada vez es más evidente la influencia que ejerce el Ejecutivo de Mahmud Ahmadineyad en el país vecino aprovechando que el poder iraquí ha recaído en las posiciones chíies. Esta realidad dificulta el realojo de los refugiados iraníes de Ashraf, quienes ya han denunciado torturas en su traslado al Campamento Libertad. La mayoría de estos refugiados son miembros de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI), que lucharon junto al clérigo Ruhollah Jomeini por el derrocamiento del Sha Phalevi, pero posteriormente sufrieron la purga que el régimen de los ayatolás llevó a cabo contra las formaciones de izquierda.
También Turquía mantiene tensiones con el Ejecutivo de Nuri al-Maliki por la cuestión kurda, habiéndose producido serias acusaciones entre ambos mandatarios.
La actuación de la Justicia y los acuerdos petroleros
En el último mes, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado la aplicación masiva de la pena capital, instaurada nuevamente en 2004 y que puede ser aplicada en base a 48 delitos diferentes, algunos de los cuales no incluyen delitos de sangre. Desde 2004 los datos hablan de 1.200 condenados y desde 2012, 75 ejecutados. La Alta Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, instó a “detener las ejecuciones y, como asunto urgente, a revisar los casos de aquellas personas que actualmente están condenadas a muerte”.
Mientras, el Gobierno de Bagdad negocia con la región autónoma de Kurdistán un acuerdo petrolífero que permita incrementar la producción de crudo y así aumentar los contratos con empresas extranjeras .
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